Ocho capitales europeas saturadas de turistas se unen frente a Airbnb
Madrid, Barcelona, y seis capitales europeas se han unido para exigir medidas que eviten los efectos perversos del alquiler turístico. Quieren que la Comisión Europea obligue a la plataforma de alquileres Airbnb a compartir los datos de sus clientes. Una medida que podría dar al traste con el negocio, porque la empresa cobra un porcentaje de la reserva y podría perder ingresos si los turistas contactan directamente con los alquiladores.
El alquiler de pisos a través de la plataforma Airbnb ha revolucionado el sector, y los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Bruselas, París, Cracovia, Viena, Reikiavik y Ámsterdam quieren ponerle barreras. Por eso pedirán a la Comisión Europea que obligue a este tipo de firmas a desvelar la identidad de los propietarios que ofrecen las viviendas y a que compartan sus datos.
Representantes de las ocho ciudades remitirán para ello una carta a Bruselas expresando su deseo de mantener el equilibrio entre el flujo de turistas y la protección de los vecinos de los barrios afectados. La decisión fue adoptada durante una conferencia sobre Renta Turística Europea, celebrada esta semana en la capital holandesa. Berlín y Londres se ausentaron, pero recibirán la propuesta por si quieren apoyarla. Airbnb no fue invitada y emitió un comunicado asegurando que “trabaja con más de 300 Ayuntamientos para aclarar las reglas de los alquileres gestionados. Mientras otras compañías, como HomeAway, Tripadvisor, Expedia o Booking.com no hacen nada, nosotros abogamos por un crecimiento responsable”.
Laurens Ivens, teniente de alcalde de Ámsterdam, y anfitrión de la conferencia, argumentó que su propuesta no es nada descabellada. “En virtud de la protección de datos, el Reglamento europeo permite que Airbnb y las demás mantengan el anonimato del casero y las direcciones en alquiler. Todos los productos tienen normas de calidad y solo pedimos el mínimo exigible: un registro con un número para saber quién renta, que puede incluirse en la página de Internet de la empresa”. La ciudad acaba de fijar en 30 días anuales estos alquileres, por eso Ivens recuerda que el problema “no es el turismo, sino el volumen de visitantes”. En 2008, Reikiavik recibió a 450.000 personas. “Ahora son 2,5 millones anuales, y sin regulación será invivible”, asegura Sigurdur Bjorn Blondal, su teniente de alcalde. El problema es que Airbnb y sus homólogas perciben un porcentaje de la renta pactada, y pueden perderlo si el turista averigua el nombre del dueño de la casa y negocia con él directamente.
Hoteles ilegales
“Un turismo de hotel con un complemento de otro tipo de alojamiento está bien, pero no con inmuebles que pueden operar como hoteles ilegales. En Madrid hay unas 90.000 camas disponibles y los precios por habitación son de los más bajos de Europa. Pero donde hay más turistas de Airbnb y similares, que vecinos, suben los alquileres. Y los inquilinos tradicionales tienen problemas. De modo que la colaboración de estas plataformas es esencial”, piensa Miguel Sanz Castedo, director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid.
A su lado, Sergi Marí i Pons, gerente de empresa y turismo del Ayuntamiento de Barcelona, indica que «los efectos secundarios de esta ola turística generan también oportunidades». «Nosotros intentamos reducir el impacto actual en zonas como Las Ramblas o el Parque Guell, creando otros focos de interés. Y si antes cada ciudad negociaba por su cuenta con estas empresas, el hecho de actuar como una red y acudir juntos a la Comisión Europea evitará las diferencias», dice, en De Burcht, el edificio del antiguo sindicato de talladores de diamantes, sede de la reunión.
FUENTE: https://elpais.com/economia/2018/01/28/actualidad/1517154558_107147.html
